Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial

Image by Dina Nasycova

El 1 de julio de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el que se expide la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI) y se abroga la Ley de Propiedad Industrial (LPI).
La nueva ley se expidió en aras de ajustar el sistema de Propiedad Industrial mexicano con instrumentos internacionales recientemente ratificados, tales como el capítulo 20, denominado Derechos de la Propiedad Intelectual del Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá (T-MEC), y el capítulo 18, denominado Propiedad Intelectual del Tratado Integral y Progresista de Asociación Trans-Pacífico (TIPAT).
La LFPPI entrará en vigor el 5 de noviembre del 2020. Algunas de las modificaciones o novedades con relación a la LPI son las siguientes:


A) Título Primero. Modificaciones a las Disposiciones Generales de la Ley.
– Estructura del IMPI: se incluyó a un representante de la Secretaría de Cultura como parte de la Junta de Gobierno del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) (art. 7).
– Registro General de Poderes: regula a nivel ley el Registro General de Poderes (art. 29-35) dando certeza jurídica a los trámites para acreditar la personalidad de los representantes.

B) Título Segundo. Invenciones, Modelos de Utilidad, Diseños Industriales y Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados.

b.1) Invenciones
– Restricciones a la patentabilidad: se modificaron los supuestos de no patentabilidad, particularmente, se prohíbe expresamente el patentamiento de invenciones que puedan poner en riesgo la salud o la vida de las personas o los animales o bien que puedan causar daños graves al medio ambiente (art. 49).
– Dominio público y prohibición de doble patentamiento: durante el examen de fondo, el IMPI deberá velar por el dominio público e impedir el doble patentamiento de la misma invención (art. 50).
– Inclusión de Cláusula Bolar: se incorporó la facultad de usar, fabricar, ofrecer en venta o importar un producto protegido por una patente propiedad de un tercero que esté próxima a vencer, siempre que dichas actividades tengan como finalidad la obtención de registros sanitarios de medicamentos para la salud humana (art. 57 fracción II).
– Certificado complementario: cuando en la tramitación de una patente existan retrasos de tiempo irrazonables, directamente atribuibles al IMPI, se compensará al solicitante a extenderse la duración de la protección concedida un día por cada dos días de retraso irrazonable. La extensión de la protección no podrá exceder de 5 años (arts. 126-136).

b.2) Modelos de utilidad
Ampliación de vigencia: se amplió su vigencia de protección, de diez a quince años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud correspondiente (art. 62).

b.3) Diseños industriales
– Incorporación de productos artesanales: se incluyó tanto en dibujos industriales como en modelos industriales a los productos artesanales (art. 66).

C) Título Tercero. Secretos industriales.
– Inclusión del concepto Apropiación Indebida: se incluyó el concepto de Apropiación indebida (art. 163 fr.II), así como un listado de supuestos en los cuales esta figura no opera (art.164).
Control Legal: se estableció la diferencia entre la persona que ejerce el control legal del secreto industrial así como de usuarios autorizados (art. 165).

D) Título Cuarto. Marcas, Avisos y Nombres Comerciales.
– Momento de vigencia: el plazo de vigencia de diez años para una marca será contado a partir de la fecha de su otorgamiento y no a partir de la fecha de presentación de la solicitud (arts. 178, 204 y 211).
– Consentimiento expreso y por escrito para registro de marcas idénticas: se acepta el consentimiento expreso y por escrito del titular de una marca para el registro de marcas idénticas a otras previamente solicitadas o registradas y vigentes, tratándose de productos o servicios similares (art. 173, penúltimo párrafo).
– Inclusión de especificidad de productos o servicios: se incluyó el requisito de que las marcas sean registradas “en relación con productos o servicios específicos…” (art. 176), a fin de que las solicitudes de registro sean presentadas abarcando productos o servicios sobre los que serán efectivamente utilizados.
– Unificación de exámenes de forma y fondo: el IMPI realizará los exámenes de forma y fondo de la solicitud de registro en uno solo, y en caso de que advierta la falta de algún requisito, expedirá un solo requerimiento al solicitante (art. 225).
– Presentación de oposiciones vs nulidad de marca: no se admitirá la solicitud de declaración administrativa de nulidad, cuando se haya presentado la oposición prevista en el art. 221, siempre que los argumentos y el material probatorio sean los mismos que los presentados en la oposición, y que el IMPI se haya pronunciado sobre ellos (art. 259).
– Nulidad y caducidad parcial: se prevé la declaración de nulidad y caducidad parcial de registros de marca (arts. 258 fr. II segundo párrafo; 260 fr. II, segundo párrafo).

E) Título Quinto. Denominaciones de Origen (DO) e Indicaciones Geográficas (IG).
– Definición de IG: se agrega una definición más específica de IG, y se incluye una lista de aspectos que puede considerar la autoridad para atribuir el origen geográfico de un producto, tales como materia prima, procesos de producción o factores naturales y culturales (art. 265).
Diferencias entre DO e IG: se establecieron diferencias materiales y formales por lo que se les otorga un trato distinto a las solicitudes de protección de cada una (para DO arts. 264 y 274, para IG arts. 265, 275, 276).
– Congreso de la Unión: se incluyó que las Cámaras del Congreso de la Unión puedan llevar a cabo la petición de declaración de protección de una DO o una IG (art. 273 fr. V).
DO e IG como bienes nacionales: las DO e IG son bienes nacionales y solo podrán usarse mediante autorización expedida por el IMPI a quien corresponden as acciones de protección y defensa, a menos que sean delegadas a un tercero (art. 268).
– Reglas de solicitud de IG: se establecen los requisitos de presentación de una solicitud de declaración de protección de IG (art. 275, LFPPI), así como las reglas que establecerán las características y especificaciones que deberá cumplir el producto para su extracción, producción o elaboración, envase, empaque o embalaje y comercialización (art. 276). Asimismo, los requisitos que deberá cumplir una persona moral interesada en asumir la responsabilidad de certificar el cumplimiento de las reglas de uso de una IG (art. 277).
Acceso a expediente: se dispuso que los expedientes relativos a IG estarán abiertos para todo tipo de consultas y promociones, salvo que éstos contengan secretos industriales o información confidencial (art. 23).

F) Nulidad, sanciones, daños y perjuicios.
– Nulidad de patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados y certificados complementarios: las causales se detallan (art. 154-158).
Nuevas facultades del IMPI: se fortalecieron las facultades al IMPI para determinar en cantidad líquida el monto de multas y accesorios, así como requerir su pago y recaudar el crédito fiscal resultante (art. 5 fr. VI); exigir el pago de créditos fiscales (art. 5 fr. VII); condenar el pago de daños y perjuicios causados al titular afectado en los procedimientos de declaración administrativa de infracciones, así como cuantificar el monto de la indemnización respectiva (art. 5 fr. VIII). Las multas impuestas serán consideradas como créditos fiscales, y el IMPI, podrá recaudarlas o ejecutarlas en carácter de autoridad fiscal (art. 393).
– Daños y perjuicios a través del IMPI: el IMPI podrá determinar y condenar a un infractor por el pago de daños y perjuicios sufridos por el titular de un derecho de propiedad industrial infringido, a través de un procedimiento incidental que se llevará después de haberse llevado el procedimiento administrativo respectivo (art. 396, fr. I).
– Daños y perjuicios vía judicial: se permite al titular de un derecho de propiedad industrial reclamar de forma directa, a través de tribunales, una indemnización por daños y perjuicios sufridos por lesión en sus derechos de propiedad industrial, sin necesidad de declaración administrativa por parte del IMPI (art. 396, fr. II).

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